Poco, tarde y mal
Poco, tarde y mal: denunciamos el inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España
Se necesitan medidas urgentes en las residencias de mayores para asegurar el control de la infección y evitar que la COVID-19 provoque otra vez el alto número de muertes en estos centros.
La mortalidad sufrida por los mayores en residencias durante los peores meses de la epidemia de COVID-19 en España nunca debería volver a ocurrir.
Se estima que las personas mayores fallecidas en estos centros (27.359 entre el 6 de abril y el 20 de junio, según el Ministerio de Sanidad) representan el 69% de las personas fallecidas por COVID-19 en toda España.
Según un informe que publicamos, el elevado número de residentes fallecidos revela una desatención a los mayores debido a graves problemas tanto del modelo de gestión de residencias, como de coordinación entre las diferentes Administraciones competentes y empresas gestoras, principalmente en lo referente a la asistencia sanitaria y cuidados dignos que se deben brindar en coordinación con los centros de atención primaria y los hospitales.
El resultado fue el abandono en las residencias de las personas más vulnerables a la COVID-19, los mayores, y la desprotección del personal que los cuidaba.
El documento Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España señala que estos centros mostraron un déficit estructural de recursos y de supervisión sanitaria, y ningún plan de contingencia.
«Esta combinación hizo inviable responder a la epidemia. Al ser, como su propio nombre indica residencias, es decir hogares para los mayores, no disponían de recursos sanitarios y asistenciales, lo que tuvo un impacto directo en la salud de los residentes», dice Ximena Di Lollo, responsable de nuestra respuesta en residencias.
Durante las fases más agudas de la epidemia, apoyamos al personal de casi 500 centros, en ámbitos como prevención y control de la infección, diseño de protocolos de sectorización o el uso de equipos de protección individual (EPI).
En este nuevo informe, alertamos así de la urgente necesidad de planes de contingencia que aseguren la alerta temprana y la respuesta inmediata en el control de la infección, para proteger a pacientes tan vulnerables ante la COVID-19 como los mayores.
Estos planes deben ir acompañados de una clara dotación de recursos financieros, humanos y materiales que fortalezcan el sistema de salud, tanto de atención primaria como hospitalaria.
«Las personas mayores deben estar en el centro de la respuesta a la COVID-19 para garantizar su derecho a recibir un tratamiento específico, urgente y digno, incluyendo la asistencia en los centros de atención primaria y las derivaciones hospitalarias», señala Di Lollo.
Durante nuestra intervención, constatamos que no se priorizaron las derivaciones hospitalarias ni los circuitos preferentes, ni otros recursos disponibles, para que las personas enfermas fueran trasladadas a otros centros u hospitales. Y las residencias, lugares para la convivencia y el cuidado y no para el tratamiento medicalizado, se vieron obligadas a dar unos cuidados para los que, a pesar de su buena voluntad, no estaban preparadas.
«Las residencias y sus trabajadores carecen de recursos, infraestructura, formación o responsabilidad para la atención médica y tampoco hubo una respuesta inmediata, adecuada y orientada a salvar vidas, y coordinada con los servicios asistenciales y de salud», explica nuestra responsable.
Necesidad de mecanismos de control de la infección
La capacidad en la prevención y control de infecciones (PCI), clave en una epidemia, también fue deficiente, del mismo modo que lo fue el manejo de los casos para evitar su agravamiento, fueran o no casos de COVID-19.
En materia de detección, vigilancia y control de la infección, nuestro informe recomienda, entre otras medidas, disponer de profesionales formados en este ámbito, para asesorar, capacitar y supervisar al personal asistencial. Para ello, es esencial identificar y formar una figura de supervisión de PCI, articular protocolos para el caso de rebrote y poner mayor atención presupuestaria y formativa a esta cuestión.
Señalamos también la urgente necesidad de garantizar un aprovisionamiento de reserva de materiales y equipos de protección, además de una formación adaptada, oportuna y con protocolos de uso claros para que el personal sociosanitario pueda protegerse y proteger a los residentes.
«La falta de formación en la utilización de los EPI para el personal ha sido una de las grandes fallas de esta respuesta, agravada por el hecho de que los EPI, que llegaron tarde, además de ser insuficientes, no siempre estaban adaptados a las necesidades de las residencias», lamenta Ximena Di Lollo.
Trato y cuidados dignos
Además de la deficiencia en los mecanismos de control de infecciones y de la falta de material de protección, hubo gran incertidumbre debido a los casos asintomáticos y a la poca credibilidad de los tests diagnósticos; todo ello acabó llevando a menudo a la implantación de férreas medidas de aislamiento de los residentes, a veces de forma indiscriminada, y a la restricción o denegación de despedidas, visitas o movilidad dentro de la residencia.
Este hecho tuvo también consecuencias físicas y psicosociales graves para los mayores que además no contaban con apoyo emocional.
Prueba de ello es uno de los numerosos testimonios que recoge el informe, el de la directora de una de las residencias que contaron con el apoyo de MSF:
«En el caso de Eugenia, yo tenía miedo de que se dejase morir y empecé a sacarla cada día un rato, para ver si recuperaba las ganas. Y empezó a comer, empezó a ir a mejor, hasta que un día vinieron los de atención primaria justo cuando la teníamos fuera, y me dijeron que era una inconsciente y estaba poniendo en peligro a todo el mundo.
No me quedó otro remedio que devolverla a la habitación; me hicieron sentir muy mal. Ella dejó de comer otra vez y a los pocos días se murió. Yo no digo que no se fuese a morir igualmente, pero tengo claro que no quiso pasar por esto«.
Nuestro informe revela la necesidad de establecer un equilibrio entre aislamiento, cuarentena y convivencia. «Los responsables de estos centros deben velar por que el aislamiento físico no aísle socialmente a los residentes y se priorice en todo momento su salud tanto física como mental. El confinamiento no debe hacerse a expensas de las facultades físicas y cognitivas de las personas mayores, sino en atención a ellas», concluye Di Lollo.
Recomendamos así cierta flexibilidad en la ocupación de los centros, especialmente en los periodos más críticos, para que se pueda proceder a una zonificación. En los casos que no sea viable tener habitaciones individuales, debe identificarse un espacio preventivo disponible para los periodos de riesgo. Los mecanismos de apoyo psicosocial son fundamentales, tanto para personal y residentes como para sus familiares; no fue el caso durante la epidemia.
Durante nuestra intervención, comprobamos una gravísima carencia de protocolos para cuidados paliativos, final de la vida, despedidas y visitas. El documento revela falta de claridad y de ejecución de medidas enfocadas al tratamiento de confort, sedación y cuidados paliativos para las personas en estado terminal que no habían sido referidas a hospitales u otras estructuras durante la epidemia, dejándoles morir con un sufrimiento evitable.
«Deben permitirse las visitas de familiares y las despedidas en los momentos finales, siempre con las medidas de protección adecuadas. Para ello, es imprescindible que las residencias cuenten con suficientes equipos de protección personal, para que los mayores no vuelvan a pasar momentos tan duros lejos de los suyos», dice la responsable de nuestra respuesta en residencias.
Descoordinación en la Administración y empresas gestoras de residencias
Nuestro informe señala también a las Administraciones competentes y empresas privadas en todos los niveles y denunciamos su descoordinación y falta de estrategias y prevención ante la epidemia. «Priorizaron la respuesta asistencial en hospitales, lo que dejó atrás a las personas mayores en las residencias, a pesar de ser el colectivo más vulnerable y con mayor mortalidad», señala Di Lollo.
El informe reclama que se desarrolle un sistema de indicadores de calidad y éticos orientado hacia el impacto en el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores en residencias, además, de una mejora en la manera de recopilar, sistematizar, publicar y analizar los datos, para que sirvan como mecanismo de alerta y respuesta adecuada, tanto preventiva como proactiva.
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